Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) —  "Ha transcurrido casu un mes desde su detención, y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se formularan cargos en su contra. Amnistía pide a las autoridades saudíes que s le acuse de cualquiera de los delitos penales tipificados o por el contrario ponerlo en libertad", dijo el jueves la Directora adjunta de Amnistía Internacional para Medio Oriente y África del Norte, Hassiba Hadj Sahraui.

"Las autoridades saudíes también deben terminar, lo que equivale a, las generalizadas violaciones a los derechos humanos contra miembos de la comunidad musulmana shiíta en la Provincia Oriental ejercitando sus derechos de la libertad de expresión y de reunión", agregó.

El 8 de julio las fuerzas policiales del régimen saudí arrestaron al Sheij al-Nimr después de dispararle una ráfaga de metralla hiriéndolo de gravedad y derribandolo violentamente en la ciudad de al-Awamiyah en la Provincia Oriental.

Desde entonces, miles de personas han sostenido manifestaciones  masivas en la provincia rica en petróleo, exigiendo su liberación.

Desde febreo de 2011, los manifestantes saudíes han llevado a cabo numerosas manifestaciones en la Provincia Oriental, principalmente en la región de Qatif y Al-Awmiyah, para pedir la liberación de todos los presos políticos, la libertad de expresión, de reunión y poner fin a la discriminación generalizada.

Sin embargo, las manifestaciones se convirtieron en protestas contra el régimen de la dinastía al-Saud, sobre todo después de noviembre de 2011, cuando fuerzas de seguridad del régimen mataron a cinco manifestantes e hirieron a muchas otras en la Provincia Oriental.

El Ministerio del Interior del reino wahabí publicó una declaración el 5 de marzo de 2011, que prohíbe "toda forma de manifestaciones, marchas o protestas, y solicita que, debido a que estas actividades contradicen los principios de la Sharia islámica, los valores y tradiciones de la sociedad saudí, y tienen como resultado el perturbar el orden público y perjudican a los intereses públicos y privados".

En junio, el monarca saudí Abdulá bin Abdulaziz Al-Saud ordenó a las fuerzas de seguridad públicas del país estar en estado de alerta máxima debido a, lo que llamó una "situación muy turbulenta" en la región.

De acuerdo con Human Rights Watch, el régimen saudí, "reprime rutinariamente las expresiones críticas con el gobierno".

Activistas saudíes dicen que hay más de 30.000 presos políticos, en su mayoría prisioneros de conciencia, en las cárceles de todo el reino wahhabi.

Según los activistas, la mayoría de los pensadores políticos detenidos han sido arrestados por el gobierno sin juicio o cargos legítimos y que fueron detenidos por el solo hecho de despertar sospechas.

Se informó que algunos de los detenidos han permanecido arrestados sin cargos ni juicios y condenados a penas de 16 años por tratar de incitar al público contra el gobierno y lealtad a entidades extranjeras, que son comunmente cargos fabricados contra los disidentes políticos.

Human Rights Watch dice que más de 160 disidentes han sido detenidos desde febrero como parte de la ofensiva del régimen wahhabí de Arabia Saudí sobre los manifestantes contra el gobierno.

De acuerdo con la Sociedad Human Rights First (HRF) basado en Arabia Saudí, los detenidos fueron sometidos a torturas físicas y mentales.

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